Abre la puerta la Corte para revisar más condenas
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Juana Hilda González Lomelí, representa un precedente crucial para el sistema de justicia mexicano, al evidenciar fallas graves en la procuración de justicia y el respeto a los derechos humanos en el Caso Wallace, señaló Sofía de Robina Castro, secretaria técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El 11 de junio, la Primera Sala de la SCJN resolvió conceder un amparo directo a Juana Hilda, quien fue condenada a 78 años de prisión por secuestro y estuvo casi dos décadas privada de su libertad.
La decisión, aprobada por mayoría y basada en el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, implica su liberación inmediata y abre la puerta para que se revisen las condenas de las otras cinco personas implicadas en el caso: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Tony Castillo Cruz, Albert Castillo Cruz y César Freyre Morales.
El caso llegó a la Corte a través del último recurso legal disponible, luego de que Juana Hilda agotara instancias inferiores sin éxito.
La SCJN determinó que varias pruebas fundamentales para su condena fueron obtenidas bajo tortura y otras violaciones a sus derechos humanos, invalidando así la base de la acusación.
Sofía de Robina explicó que “la Corte, en su rol de tribunal constitucional, analizó el juicio en conjunto y detectó las violaciones que denunciamos desde la defensa”.
De acuerdo con la funcionaria del IFDP, Juana Hilda fue detenida en enero de 2006, meses después de la denuncia por un secuestro supuestamente cometido en julio de 2005, y fue sometida a arraigo, figura ya declarada violatoria de derechos humanos por la Corte Interamericana.
Durante su arraigo, Juana Hilda fue obligada a declarar durante cerca de ocho horas, sin contar con defensa legal en todo momento, y bajo amenazas directas contra su familia. Esa declaración fue la base para imputar no sólo a ella, sino también a los demás coprocesados.
